Técnicamente y legalmente hablando, un presidente en funciones no es diferente a ningún otro ciudadano de los Estados Unidos, y aparentemente está sujeto a las mismas leyes que cualquier otra persona. Si cometió un asesinato, podría ser juzgado y condenado como cualquier otra persona.
Pragmáticamente, hay una serie de razones por las que eso podría no suceder:
- Fuera de las conferencias de prensa y las apariciones públicas, el presidente está en gran medida separado del ojo público; no habría testigos, excepto personas en su personal, sus ayudantes y el servicio secreto, cualquiera de los cuales podría esperar que lo apoyara.
- Un presidente tiene los recursos materiales y el apoyo leal para encubrir los detalles de cualquier delito, o incluso el delito en sí.
- Un presidente podría rechazar legítimamente las órdenes de comparecer ante el tribunal y podría usar su posición para reclamar inmunidad contra el arresto, la detención, el interrogatorio o muchas otras vías de investigación.
Si seguimos el modelo de Nixon, el Congreso tendría que destituir a un presidente antes de que pudiera enfrentar un juicio penal, para eliminar esos poderes que impedirían una investigación normal, y luego el vicepresidente lo perdonaría casi de inmediato. Existe una desafortunada tradición estadounidense que asocia el honor de la nación con el honor del presidente, por lo que a los presidentes generalmente se les da un pase sobre las malas acciones en el cargo.
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