La Ley Patriota ha expirado en su mayoría. Lo que se dejó de lado es que cualquier sistema de espionaje que haya existido previamente ahora está en manos del banco. Los registros de sus transacciones, incluido cualquier sesgo que el banco tuviera sobre actividades sospechosas, permanecen disponibles. El hecho de que el gobierno haya sido informado por algún otro evento, ya sea verdadero o indirecto, puede citar la información con bastante facilidad.
El escenario anterior sería como si el FBI o quien fuera, pudieran entrar a una sucursal, sentarse en la silla del gerente y buscar lo que quisieran. El gobierno había entregado especificaciones a los bancos para permitirles el acceso directo. Es posible que hayan tenido alguna función que les permitió consultar sistemas para monitorear todas las transferencias a personas en países extranjeros.
Como resultado de alguna otra investigación, puede imaginar que el gobierno podría citar todas las transferencias a ciertos lugares en un rango de fechas y obtenerlas con bastante facilidad.
El problema con lo que queda es que el gobierno le está diciendo a las empresas que no tienen la responsabilidad de mantener la privacidad de los datos de los clientes, de hecho, de alguna manera están alentando a la empresa a espiar las actividades de sus clientes a cambio de los beneficios del gobierno
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